Resumen: "El Régimen de Pinochet" (Cap. 12) C. Huneus

Presento un resumen del capítulo 12 del libro del escritor Carlos Huneeus.

El Régimen de Pinochet

La retirada del poder y los amarres a la democracia

El efecto boomerang del desarrollo institucional

Tras la frustración que sufrieron los militares el 5 de octubre del ’88 se decidió actuar con “serenidad” y respetar el itinerario que establecía la Constitución del ‘80, debido a que el sistema autoritario se veía amenazado por la fuerte irrupción de las democracias en el plano internacional. En verdad, no hubo una crisis porque el régimen estaba sostenido por la participación institucional de las FFAA en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, junto con el respaldo de la derecha y de los empresarios, los cuales debían acatar los artículos transitorios de la Carta Fundamental, en que se debía convocar a elecciones presidenciales con el plazo de un año, simultáneas con las parlamentarias. La Constitución se convirtió en la barrera de aquellos que estaban a favor del régimen y querían olvidarse de la derrota.

Las fechas comprendidas entre el 5 de octubre del 88 y el 11 de marzo del 90 no son sólo el comienzo del cambio, sino el último tramo del régimen en el cual se crearon amarras para el régimen democrático que se iniciaría. En comparación con otros países como España (en que el franquismo estaba dividido ente la cuestión sucesora) y Argentina (en que la FFAA fueron desprestigiadas por la opinión pública después de la derrota en las Malvinas), en Chile, sin embargo, no hubo una fragmentación, el gobierno no desconoció su derrota y su atraso en comunicarlo fue a causa de la perplejidad que sintieron ante la respuesta de la gente que pedía la retirada. Las tres ramas de las FFAA actuaron también con serenidad. Pinochet buscó transmitir la confianza a sus partidarios, reiterando su respeto electoral “perdimos la batalla, pero no la guerra”. Realizó un cambio de gabinete para restablecer la confianza del empresariado y de los partidos a su favor y continuo como comandante en jefe del Ejército por 8 años más. Su posición era la de asegurar a las nuevas autoridades con su idea de democracia protegida y autoritaria establecida en la Constitución del ’80, pues pensó que las nuevas demandas económicas y políticas desbordarían a las nuevas autoridades. Objetivos para enfrentar el cambio de régimen:
a) Consolidar reformas económicas (arquitectura neoliberal)
b) Establecer un conjunto de limitaciones “amarres”, para dificultar la gestión del Gº Democrático.
c) Impulsar la candidatura presidencial y las listas parlamentarias de su sector.

Desmantelamiento parcial de la democracia protegida y las prerrogativas militares

Las limitaciones al pluralismo y la tutela militar establecidas en la Carta Fundamental eran incompatibles con la democratización del país, sobre todo por el contexto internacional (auge de las democracias) Por esto, la Concertación pensó cambiar los “aspectos” autoritarios a la Constitución, pero no podía, porque ello significaba esperar la aprobación de dos congresos sucesivos (8 años) para que pudiera entrar en vigencia. Entonces, el camino que se pensó fue el de la negociación. La oposición renunció a un mandato prolongado y propuso la reducción del mandato presidencial de 8 a 4 años. Pinochet al principio se resistió, pero RN estuvo de acuerdo y después de discusiones al interior de su coalición, se aceptó pues una reforma realizada mientras él fuera jefe del Ejército le permitiría controlar el contenido de la Constitución y no su desmantelamiento.

1º se derogó el art. 8 que establecía un pluralismo limitado (símbolo del carácter anticomunista)

2º se disminuyó la influencia política de los militares con la modificación de dos instituciones: El Consejo de Seguridad Nacional redujo su mayoría castrense por más civiles y respecto a los senadores institucionales se aumentó el número de “elegidos”.

3º Se modificó el art. 5 de la Carta Fundamental para reconocer la protección de los DDHH que fueron suscritos en tratados internacionales. (se apoyaron demandas por abusos cometidos durante el régimen militar) Los militares aceptaron, porque supusieron que la Corte Suprema no llevaría los procesos adelante.
Las limitaciones al poder tutelar fueron recompensadas en $ y el Gº exigió asegurar la independencia económica de las FFAA respecto del Poder Ejecutivo, pero el escenario que habían pronosticado cambió: “disminuyó la inflación a menos de un dígito en un lustro y un crecimiento sostenido de la economía con un promedio anual de un 7% hasta el 97”. Sucedió que los uniformados vieron disminuido su presupuesto en defensa en los 90 en relación al PIB.

Al terminar el régimen autoritario, el Gº estableció una nueva prerroagtiva para las FFAA en la Ley Orgánica Constitucional. Los ascenso y retiros de los uniformados lo debía determinar el respectivo comandante en jefe institucional. Esta fue un obstáculo importante a la democratización, porque el Presidente careció de atribuciones ante los actos de indisciplina de los uniformados, por ejemplo, el Presidente no pudo hacer nada con la designación que hiciera Pinochet del sucesor de Merino, que fue Jorge Martínez Busch.

Criterios políticos en los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema

Los militares no incluyeron en su protección una ley de amnistía debido a que:

1 Era muy difícil justificar esa iniciativa, ya que implicaba reconocer como “delitos” los atropellos producidos en esa “guerra no convencional”,

2 Porque ya existía una ley de Amnistía que los protegía desde 1978.

3 Estimaban el apoyo de la Corte Suprema (C.S.), que interpretaba la ley a favor de los militares.

La confianza en la C.S. residía en la política de nombramiento de sus miembros, a través del ministro de justicia, que recibía las propuestas del máximo tribunal. Disponía de un poder de veto sobre las propuestas de magistrados que no fueran del agrado del Ejecutivo, empujando al máximo tribunal a hacer proposiciones de jueces de la confianza del G°. Esta política la implementó Hugo Rosende[1] entre el 83 y el 90. Rosende mantuvo una relación con la C. S. para que no interfiriera en la política de orden público de Pinochet. La iniciativa fue aumentar el número de los integrantes de la C. S. de 13 a 16, designando a los tres nuevos y que el G° saliente después del 88 le diera $[2] a algunos ministros para que salieran y así poder designar a otros. Al llegar la Democracia 14 de 16 ministros de la C. S. habían sido nombrados por el régimen militar. Los militares no sólo les preocupaba el tema de los DDHH, sino que también el rol político de la C. S.

Profundización de las reformas económicas

Los militares buscaban disminuir el papel del Estado en el proceso económico e impulsar más privatizaciones (ENDESA, CTC, ENTEL y el ISE Instituto de seguros del Estado). Se inició una intensa labor legislativa (266 leyes) entre el 6 de octubre del 88 y marzo del 90 con leyes regulatorias (org. de procesos políticos y económicos) y distributivas (bienes y servicios a particulares). Cada una de las leyes tenía distintos alcances, por ejemplo, se restringieron las funciones de CORFO, limitando por ley su facultad de crear empresas públicas. La presión por terminar todo antes del cambio de régimen favoreció a algunos actores que tenían poder sobre Corfo como José Yuraseck que hizo que la Corfo licitara la central hidroeléctrica Pehuenche que había sido de Endesa y promover una competencia a favor de Endesa, la idea era crear un monopolio con integración vertical junto a Chilectra. Esto significó el incremento del poder económico del grupo Enersis que controlaba el 70% de la generación, tenía las redes de transmisión y la distribución por medio de Chilectra.

Los obstáculos directos al primer Gobierno democrático

El G° militar no tuvo intención de cooperar con la instauración o facilitar la labor del G° democrático, al contrario[3], se quiso poner trabas en su gestión con un rígido aparato administrativo, pues tenían que trabajar con el personal designado y una Ley de Presupuesto (1990) que restringía enormemente las iniciativas económicas del nuevo G°.

Preparación de la campaña electoral de 1989

El tercer objetivo del régimen de Pinochet fue lanzar la candidatura de la derecha. Hernán Büchi era el que gozaba de mayor prestigio entre los militares, los empresarios, RN y la UDI, a causa de su falta de militancia partidista antes del golpe y su desempeño como ex Ministro de Hacienda. La selección de los candidatos para las elecciones parlamentarias fue, mayoritariamente, entre los que colaboraron con el régimen militar, del total de los que consiguieron escaños en la Cámara de Diputados y que eran de derecha sólo un 27.6% no tuvo responsabilidad con el antiguo régimen. Esta forma de selección de los candidatos permitió que muchos personeros del régimen militar estuvieran presentes en el Primer Congreso nacional. No hubo ruptura de la elite política, sino una considerable continuidad que dificultaría la labor legislativa del G° democrático.

Luego de la derrota del 88, el régimen de Pinochet trató de completar su programa y limitó el margen de acción del primer G° democrático.

(Resumen Cap. XII) Carolina San Martín E.

[1] Había sido diputado del Partido Conservador, asesor del Presidente Alessandri y también Decano de la facultad de Derecho de la U. De Chile desde 1970.
[2] Jubilación anticipada, indemnización de 28 sueldos pagada al contado. 1 de 3 aceptaron la iniciativa.
[3] Como se pensó que la Concertación caería en tentaciones populistas.